Vuelve la tensión por tierras en el norte del Cauca: violento desalojo y retenciones de tres operarios de caña

Graves hechos de violencia se registraron en zonas rurales de Cajibío y Corinto, en el norte del Cauca, en medio de conflictos por la tierra que enfrentan a comunidades campesinas, empresas privadas y el Estado.

Mientras en Cajibío se denunció un violento desalojo en predios en disputa con la multinacional Smurfit Westrock, en Corinto, la Fundación Mariana Hoyos fue blanco de una retención ilegal y el hurto de maquinaria.

En el primer caso, campesinos del proceso de recuperación de tierras en la vereda El Blanco, municipio de Cajibío, denunciaron que un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía y presuntos trabajadores, de la empresa Smurfit Westrock , cerca de 100, dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas, un comunero con heridas graves, viviendas destruidas y cultivos devastados.

Además, se reportó que agentes de policía, realizaron disparos con sus armas de dotación.

Las familias afectadas, que desde 2021 habitan y cultivan estos terrenos, aseguran que se trata de una acción coordinada de despojo, coincidiendo con la visita del ministro de Defensa a Popayán.

“Denunciamos las violaciones a los derechos fundamentales y al derecho internacional de los derechos humanos que constituyen el uso desproporcionado y desmedido de la fuerza, el desarrollo de acciones policiales y militares y civiles coordinadas y las irregularidades, arbitrariedades y omisiones a los protocolos de intervención social, contenidas en los hechos descritos anteriormente”, informaron en la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano ‘Francisco Isaías Cifuentes’.

Las comunidades, agrupadas en procesos de resistencia territorial, han cuestionado la presencia de monocultivos forestales en la zona y denuncian afectaciones al agua, el suelo y el tejido social desde la llegada de la compañía, antes conocida como Cartón de Colombia. Exigen a la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales investigar los hechos y brindar garantías frente a lo que consideran una estrategia sistemática de criminalización y desalojo.

“Solicitamos desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por los hechos consagrados en este comunicado de prensa”, agrega el texto.

En paralelo, la Asociación de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) denunció otro hecho violento ocurrido ese mismo jueves 10 de julio en la finca El Blancal, en Corinto. Según el gremio, tres tractores de un contratista fueron robados y tres operarios fueron retenidos en contra de su voluntad por varias horas, aunque posteriormente liberados.

Marta Betancourt Morales, directora ejecutiva de Procaña, rechazó enérgicamente lo ocurrido y expresó que este tipo de acciones atentan contra el sistema productivo, la generación de empleo y la seguridad del sector agroindustrial. 

Señaló que la finca afectada El Blancal pertenece a la Fundación Mariana Hoyos, una entidad sin ánimo de lucro que desde hace más de 40 años destina el 100 % de sus utilidades a programas de educación, salud y emprendimiento en comunidades vulnerables del norte del Cauca.

“Este tipo de acciones atenta directamente contra el sistema productivo, la generación de empleo digno y el trabajo de cientos de familias que, con esfuerzo y compromiso, impulsan el desarrollo de la región”, dijo la directora ejecutiva de Procaña.

Explicó que "la Fundación Mariana Hoyos ha sido ejemplo de vocación social por más de 40 años, a través del legado de doña Mariana Hoyos de Gutiérrez destinando el 100 % de sus utilidades a programas de educación, salud, emprendimiento y atención humanitaria para las comunidades más vulnerables del norte del Cauca".

"Hechos como estos generan zozobra, desincentivan la inversión y vulneran derechos fundamentales como el trabajo, la propiedad privada y la vida en dignidad", anotó.

"Desde Procaña, se reitera el llamado al Gobierno Nacional: garantías en la seguridad física en los territorios porque el agro es motor de desarrollo para Colombia. Solicitamos a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que actúen con prontitud, restablezcan el orden, y garanticen las condiciones para que el sector agroindustrial de la caña pueda continuar desarrollando su labor sin perturbaciones", informó la directora de este gremio.

“Estos hechos generan zozobra, vulneran derechos fundamentales como el trabajo, desincentivan la inversión y atentan contra la vida digna y la propiedad privada”, dijo Betancourt. 

Procaña hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que se restablezca el orden; se garantice la seguridad en los territorios y se proteja el desarrollo agroindustrial.

Mientras los sectores sociales exigen protección frente al uso de la fuerza en zonas campesinas, el sector agroindustrial exige garantías para operar sin ser objeto de acciones violentas.

MICHEL ROMOLEROUX

Especial para EL TIEMPO

Popayán