Hubo acuerdo: comunidades indígenas y campesinas agremiadas en la Minga Cali recibirán tierras incautadas al narcotráfico tras diálogos con la ANT

Luego de tres días de protesta pacífica en calles de Cali, en especial, en el centro, donde la semana pasada hubo una toma, y más de 12 horas de diálogo intenso con representantes del Gobierno Nacional, comunidades indígenas y campesinas que integran la Minga de Cali alcanzaron un acuerdo trascendental para la restitución de predios incautados al narcotráfico en el Valle del Cauca. 

El acuerdo, concertado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), contempla la entrega de varios predios que pertenecieron a los exnarcotraficantes Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, y Hélmer Herrera Buitrago, conocido como HH o Pacho Herrera. 

Según lo pactado, la adjudicación formal se realizaría alrededor del 19 de agosto del 2025.

Este avance representa un hito en la lucha por el acceso a la tierra de pueblos históricamente marginados, al transformar bienes producto del crimen organizado en instrumentos de reparación social y económica.

Dentro del compromiso, las partes acordaron realizar una visita conjunta a los predios durante el fin de semana siguiente a la firma del acuerdo, con el fin de verificar si actualmente están ocupados por terceros. 

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, aseguró que el Estado actuará con firmeza para recuperar el control de estos bienes. 

“Quiero transmitir un parte de tranquilidad: los predios que el Estado le quitó a las mafias para reparar a las víctimas del conflicto no seguirán siendo ocupados irregularmente por particulares en el Valle del Cauca. Vamos a recuperarlos con toda la voluntad política”, afirmó Harman.

Por su parte, la SAE ya inició la revisión de los documentos jurídicos y administrativos de los predios, con el objetivo de evaluar su viabilidad para la transferencia legal. Este proceso incluye la verificación de títulos, gravámenes y posibles litigios pendientes.

Durante la firma del acuerdo, Bernarda Pabón, lideresa de la Minga Indígena, expresó la emoción y esperanza de las comunidades. 

“Esta es la Minga de Cali que lucha, resiste y no pierde la esperanza. Queremos que los bienes incautados se conviertan, de verdad, en una alternativa de vida digna para nuestras familias. Anhelamos sembrar en territorios de paz y que esas tierras sean nuestras legalmente”, declaró.

Para Pabón, este acuerdo no solo es una victoria concreta, sino un paso simbólico y material hacia la construcción de paz territorial. “No queremos más tierras de sangre. Queremos tierras de vida, de cultivo, de futuro”, añadió.

Este acuerdo refuerza el compromiso del actual Gobierno con una política de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, especialmente aquellas afectadas por la expansión del narcotráfico y el despojo de tierras. 

Organizaciones de derechos humanos y expertos en tierras han celebrado el acuerdo como un ejemplo de cómo el diálogo social puede transformar activos ilícitos en herramientas de desarrollo comunitario.

Con este nuevo entendimiento, la Minga de Cali no solo consolida su rol como actor clave en la defensa de los derechos territoriales, sino que abre un precedente para otras regiones del país donde tierras incautadas siguen sin destinarse a quienes más las necesitan.