El clamor del pueblo indígena awá en Nariño: detener la escalada de violencia y la grave afectación ambiental entre Colombia y Ecuador
Hay preocupación por el recrudecimiento del conflicto armado en sus territorios. Foto:Unipa
El pueblo indígena awá en el departamento de Nariño expresó su gran preocupación porque en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, se registra un notorio incremento de la presencia de grupos armados ilegales y se teme que la violencia empeore muy pronto.
Para la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, esto implica una grave afectación a sus comunidades y a todo el territorio, cuyos resguardos están localizados en cercanías al vecino país del Ecuador.
Hay preocupación por el recrudecimiento del conflicto armado en sus territorios. Foto:Unipa
En municipios como Ipiales, Carlosama, Cumbal, Potosí, Tumaco, Barbacoas y Ricaurte conviven los indígenas awá hace muchas décadas.
La organización indígena informó que como lo habían advertido recientemente las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador mediante la alerta temprana binacional No. 001 del año 2023, el pueblo awá se encuentra en una situación de riesgo considerable, debido a la expansión de diferentes actores armados que se están lucrando de actividades extractivas como los cultivos de coca y la minería ilegal, las cuales van en contra de sus mandatos ancestrales del cuidado de la madre tierra.
De acuerdo con la revelación de la Unipa: “No solo enfrentamos hechos victimizantes como amenazas y desplazamientos, sino también alarmantes afectaciones ambientales ligadas a la minería ilegal y la deforestación para fines ilícitos”.
Estas actividades ilegales están ocasionando en sus resguardos indígenas la degradación del suelo y la contaminación de fuentes hídricas que son fundamentales para sus prácticas alimentarias y espirituales.
También hay preocupación por la situación limítrofe con Ecuador. Foto:Unipa
Denuncian hechos concretos
Como casos concretos se recordaron los dos más recientes hechos que fueron revelados oportunamente a las autoridades, pero que hasta el momento no han encontrado respuestas favorables.
El primero de ellos se produjo el 20 de febrero de 2025 cuando el Ejército del Ecuador destruyó tres puentes ubicados en los sectores de La Palma, Mayasquer y Hojal, por los cuales las comunidades se movilizaban y transportaban sus alimentos. Esta situación fue considerada como una clara violación a los derechos del pueblo indígena en el territorio.
El segundo hecho se registró el 20 de julio de 2025 cuando se puso en evidencia la muerte masiva de peces en el río San Juan, localizado en el resguardo Nulpe Medio – Alto Río San Juan, municipios de Ricaurte y Barbacoas, lo cual constituyó una amenaza directa tanto a la biodiversidad, como a la salud y la vida de los indígenas awá.
Hay carencia de medidas
A pesar de haberse presentado estos lamentables episodios, la organización cree que la atención por parte del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Militares en Colombia no fue la más adecuada.
“Debemos resaltar que la respuesta institucional se ha visto marcada por la inacción y la carencia de medidas efectivas, no solo para mitigar los riesgos que corren nuestras comunidades, sino también los impactos ambientales que se presentan”, indicó la Unipa.
Luego precisó que si bien es cierto que la alerta temprana emitida por las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador sirvieron para convocar a instituciones nacionales e internacionales que tomaron algunas acciones, las mismas no han dado los resultados esperados hasta la fecha, lo cual agrava aún más la problemática en la región limítrofe.
“Somos uno de los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, y nuestro Katsa Su (Casa Grande) se desangra ante la vista indiferente de los entes llamados a atender de manera integral e inmediata la delicada situación que vivimos”, añadió.
Comunidades piden entablar diálogos para desescalar el conflicto que afecta sus territorios. Foto:Santiago Saldarriaga / El Tiempo
Ante esta situación planteada el pueblo Awá en Nariño solicitó a todos los organismos de Colombia y Ecuador mencionados dentro de la alerta temprana, avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en la misma, a través de un diálogo con su gobierno propio, con el fin de detener la escalada de violencia y la afectación ambiental en el territorio awá binacional.
Además, al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todas las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos se brinde el acompañamiento que permita el seguimiento y visibilización de la grave realidad que enfrenta el pueblo indígena.
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