Así se hará la reparación colectiva más grande en la historia del Valle: 40.000 víctimas la esperan hace 10 años

En aquel 9 de septiembre de 2016, el indígena Jéider Dizú Collo, había llegado a su vivienda dentro del resguardo Triunfo Cristal Páez, anclado entre las montañas del municipio de Florida, en el sur del Valle del Cauca. 

El estudiante, que tenía 14 años y cursaba octavo grado en el colegio Idebid, había terminado su jornada escolar y al llegar a su casa fue por unos caballos, pero no regresó. 

A las 3:00 de la tarde de ese viernes de hace nueve años, su cuerpo fue encontrado a un metro del camino de herradura y a 50 metros de otras viviendas. Tenía una laceración en el cuello por asfixia mecánica. Tenía un cordón de fique y quedó amarrado a uno de los cercos, en un sector llamado El Durazno de la comunidad indígena El Cabuyo dentro del mismo resguardo. Había sangrado por la boca y la nariz, y mostraba cinco heridas causadas, al parecer, por un alambre de púas. 

Ese mismo 9 de septiembre, la entonces gobernadora indígena María Raquel Trujillo recibió una llamada a su teléfono celular. 

"Debía dejar la joda cerrando la vía donde todos transitan y dejar de joder con el páramo cerrado, que si sigue con esa pendejada me dejarían con la jeta cerrada, como deben quedar toda persona que se atraviese en el camino como líderes como yo, que solo soy una bullosa, queda advertida". Ella así lo narró a su comunidad en la denuncia que luego fue informada públicamente por el Consejo Regional Indígena (Cric), pues Florida es un municipio vallecaucano que limita con el norte del Cauca. 

Esta no era la primera amenaza porque la vía del páramo estaba cerrada como parte de la protección a la tierra que adelantan los indígenas. 

Este es apenas uno de miles de historias aterradoras que han vividos resguardos indígenas del municipio de Florida, pero también, los consejos comunitarios de Buenaventura, con población afrodescendiente. Comparten un pasado marcado por el conflicto: amenazas, asesinatos, desapariciones y ocupaciones ilegales. 

Son hechos que causaron desplazamientos forzados, rupturas sociales y desarticulación familiar, afectando a cerca de 4.000 personas en los resguardos y a más de 40.000 en los consejos comunitarios.

Todos ellos, estas más de 44.000 personas, serán beneficiadas con la implementación de planes de reparación colectiva.

La reparación colectiva beneficiará a los resguardos indígenas Triunfo Cristal Páez y Kwe’sx Yu Kiwe, ubicados en el municipio de Florida, en el centro del Valle del Cauca, así como a los consejos comunitarios que agrupan a las comunidades afrodescendientes del Alto y Medio Dagua, Anchicayá, Bajo Calima, Córdoba-San Cipriano, Río Naya, Citronela, Bahía Málaga, Raposo, Mayorquín, La Gloria, Cisneros y Cajambre, en la zona rural de Buenaventura.

Es un hecho sin precedentes para la reparación colectiva en el Valle del Cauca, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas alcanzó, a través de su Dirección Territorial en la región.

Según la entidad, el proceso responde a avances en el diseño, formulación y protocolización de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) de 14 comunidades étnicas reconocidas como sujetos de reparación, cuyos casos habían permanecido en trámite durante más de 10 años.

La directora de la Unidad para las Víctimas en la territorial Valle del Cauca, Rosiris Angulo Herrera, destacó el significado histórico de este momento, afirmando que “puede ser el hecho más transformador para las comunidades étnicas en el Valle del Cauca y que representa, sobre todo, la defensa de la vida y de las comunidades”.

"De esta manera, la Unidad para las Víctimas continúa avanzando en el camino hacia la dignificación de las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, reafirmando su compromiso constante de garantizar el reconocimiento de sus derechos y reparación integral, acompañándolas en la construcción conjunta de un país más justo", dijo la funcionaria.

Con el inicio de la fase de implementación, más de 40.000 personas comenzarán a recibir las indemnizaciones contempladas en los planes, lo que les brindará herramientas concretas para reactivar sus proyectos productivos y avanzar en la reconstrucción de sus vidas y comunidades, luego de años de espera y afectación por el conflicto armado.

Es así como la comunidad del resguardo Triunfo Cristal Páez, cuya espera por la reparación inició en 2015, finalmente ve resultados concretos. “Pasaron muchas autoridades que generaron la disposición para que las familias del resguardo pudieran ser reconocidas. Nuestra gente está muy contenta”, destacó Julio César Lulico, gobernador del resguardo, quien reveló que parte de la indemnización será destinada a la compra de un bus-escalera para mejorar la movilidad de la comunidad.

De igual manera, Julián Gutiérrez, gobernador del Resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, celebró la notificación y resaltó el largo tiempo de espera que enfrentaron sus comunidades: “Es una satisfacción llevarles un poco de la reparación de sus derechos. Hubo un rezago bastante grande, y es vital poderle devolver la honra a las personas del territorio”.

Por su parte, Julio César González Rivas, representante legal del Consejo Comunitario del Bajo Calima, se declaró satisfecho con los resultados y destacó que estos avances son producto del trabajo concertado entre las comunidades y la institucionalidad: “En menos de un año ya tenemos la resolución, lo que significa que hay que seguir articulados para que las comunidades permanezcan en sus territorios”.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali