Investigarán a funcionarios de la Alcaldía de Cali por presuntos cobros irregulares a contratistas

La Procuraduría General de la Nación informó, en la tarde de este lunes 16 de junio, que abrirá una indagación a funcionarios de la Alcaldía de Cali por presuntos cobros irregulares a contratistas.

Según informó el Ministerio Público, servidores habrían denunciado en medios de comunicación que se les estarían exigiendo coimas para mantener su trabajo.

“Les exigen hasta el 40 % de su salario mensual para conservar sus puestos, a través de coordinadores de grupos y transferencias digitales que se canalizarían por plataformas como Nequi”, se lee en el comunicado emitido por la Procuraduría.

Además, afirmaron que el Ministerio Público también revisará el caso para identificar si existe o no una posible red de corrupción la cual, presuntamente, estaría mezclando “intereses políticos y operadores internos de la administración distrital”.

Al parecer, las personas encargadas de recibir y redistribuir el dinero, habrían amenazado a los denunciantes con eventuales inclusiones en una “lista roja”.

“La actuación disciplinaria que inició el Ente de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y, en caso de verificarla, definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas“, explica la Procuraduría.

La identidad de los funcionarios a investigar todavía no es de conocimiento público, por lo que se espera que pronto se conozcan avances de esta operación.

Procuraduría advirtió irregularidades en licitación del PAE

En el pasado mes de mayo, la Procuraduría emitió otro comunicado advirtiendo presunta irregularidades en el proceso para la licitación del PAE en Cali y pidió su suspensión.

En los documentos del proceso se advertían “deficiencias en la estructuración de este, en específico, no se establecen factores de ponderación obligatorios originados en la norma, lo cual deviene en el incumplimiento de esta y, asimismo, podría configurar una vulneración al principio de selección objetiva”.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación de Cali, Sara Rodas, defendió la legalidad y transparencia del proceso, en diálogo con El País, asegurando que toda la trazabilidad del proceso licitatorio está publicada en la plataforma SECOP II.

“La adjudicación se hizo de manera pública, con cinco oferentes, de los cuales cuatro fueron seleccionados”, aseveró Rodas.

“El proceso cumple con toda la normativa, y se rige bajo la Resolución 335, que prioriza el derecho fundamental de los niños a la alimentación y la permanencia en la escuela”, agregó.

Y puntualizó en que a todos se les dieron “las mismas garantías, todo se calificó con base en los mismos pliegos, y la trazabilidad se puede evidenciar”, declaró.