Hombre que habría atacado a personas LGBTIQ+ en Bogotá, amenazó a la fiscal durante la audiencia
El sujeto, procesado por al menos cinco robos cometidos con sustancias tóxicas, lanzó gestos amenazantes contra la fiscal del caso.
César Andrés Rivera Méndez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de atacar a personas de la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá, protagonizó un acto intimidatorio durante una audiencia de imputación de cargos: mediante una videollamada, amenazó con gestos violentos a la fiscal encargada del caso.
“Realizó gestos intimidantes hacia la fiscal y agredió físicamente a los uniformados de la Policía Nacional que lo custodiaban”, señaló el ente acusador en un comunicado oficial. Debido a estos hechos, el juez de control de garantías ordenó abrir una investigación por el delito de violencia contra servidor público.
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Rivera Méndez es acusado de contactar a sus víctimas por medio de aplicaciones de citas, ganarse su confianza y citarlas a su residencia. Allí, según la Fiscalía, les ofrecía bebidas mezcladas con productos veterinarios y otras sustancias tóxicas para hacerlas perder la conciencia. Una vez bajo los efectos de los químicos, las víctimas eran despojadas de sus pertenencias, incluidas tarjetas bancarias, con las que se hacían compras y transferencias.
“El hombre sería el responsable de suministrar productos veterinarios a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ para doblegarlos y quitarles sus pertenencias en Bogotá”, indicó la Fiscalía en su boletín. Se le atribuyen al menos cinco casos, ocurridos en la localidad de Chapinero, con un monto total de más de 80 millones de pesos hurtados.
Durante la audiencia, luego de escuchar los cargos, Rivera Méndez mostró el dedo medio a la cámara, simuló portar un arma y apuntó con gestos a la fiscal, mientras murmuraba “te voy a matar” en medio de la conexión virtual. El comportamiento agresivo no se limitó a la videollamada: también agredió físicamente a los policías que lo custodiaban.
La Fiscalía presentó escrito de acusación por los delitos de hurto calificado y agravado y transferencia no consentida de activos, bajo los lineamientos del procedimiento penal especial abreviado (Ley 1826 de 2017). El procesado no aceptó los cargos.
El juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y el proceso judicial continuará en las próximas semanas.
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